Reflexiones sobre el problema del envejecimiento de la población

El estudio subraya la importancia de difundir los conocimientos financieros y promover programas de formación para hogares. Con mayor generalidad, es necesario fomentar la cultura económica de la población. Esta noción comprende dos aspectos conexos: a) conocimientos económicos, esto es, el grado de comprensión del comportamiento de la economía y de los principios que la gobiernan, y b) conocimientos de las finanzas particulares, es decir, la capacidad de un individuo para adoptar decisiones fundadas en lo relativo a sus propias finanzas. Una mínima cultura económica y financiera en ambos frentes es condición necesaria para la toma de decisiones colectivas, racionales, eficientes y justas.

Los conocimientos económicos pueden contribuir enormemente a la mejora de la eficiencia de las economías, por cuanto la comprensión del funcionamiento básico del entorno económico facilita el acceso a la información necesaria para adoptar decisiones racionales. Estos conocimientos también pueden ayudar a elegir políticas económicas más consistentes y prudentes, ya que en las democracias modernas los ciudadanos pueden opinar —directamente o a través de representantes elegidos democráticamente— acerca de las políticas que las autoridades aplican.

Una comprensión más profunda de las distintas opciones de política de que disponen las autoridades y de sus posibles efectos mejora la calidad del debate público y, así, permite recabar un apoyo más generalizado para medidas, como la reforma de los sistemas de seguridad social, dirigidas a afrontar retos a largo plazo. Tengo el convencimiento de que las carencias del actual debate relativo a la reforma de las pensiones públicas son reflejo, en gran medida, de una comprensión insuficiente del equilibrio entre costes a corto plazo del ajuste y beneficios a largo plazo de la aplicación satisfactoria de las reformas.

Ahondar en la educación económica mejora obviamente la calidad de las decisiones individuales o familiares, pues permite a los agentes comprender con mayor claridad el valor fundamental de sus activos y deudas, y los riesgos que entrañan sus decisiones de invertir o ahorrar.

Un aspecto diferenciado de la cultura económica son los conocimientos de las finanzas personales. Éstos son especialmente importantes, ya que los agentes pueden encontrar dificultades para tomar decisiones fundadas de ahorro e inversión en momentos como el actual, con un sector de servicios financieros que cambia rápidamente debido a la innovación financiera y a la liberalización y desregulación. Los agentes sólo pueden elegir adecuadamente entre distintas alternativas de ahorro para la jubilación —por lo general muy complejas— si conocen en profundidad los principios básicos del funcionamiento de sus propias finanzas. En general, puede afirmarse que es deseable una mejora de la educación financiera por cuanto puede contribuir a evitar situaciones poco deseables derivadas de un endeudamiento excesivo o de resultados inesperados, así como reducir el riesgo de perjuicios por fraudes financieros.

No cabe duda de que, con independencia de su formación, los agentes sólo pueden tomar decisiones acertadas en relación con su futuro si las características básicas de los productos financieros se les presentan de forma clara y transparente. Esta cuestión interesa especialmente a los reguladores de los mercados financieros. El escándalo de las ventas irregulares de finales de los ochenta y principios de los noventa en el Reino Unido, cuando los ciudadanos se desplazaron desde planes de pensiones de empresa hacia planes privados, que en algunos casos ofrecían condiciones financieras mucho menos ventajosas, constituye un recordatorio útil de lo que puede ir mal cuando los sistemas de protección de los consumidores fallan y no logran el objetivo de disminuir las asimetrías de información en la relación de agencia. ^[1]

¿Cuál es el nivel actual de educación económica y financiera? Diversas encuestas realizadas en Estados Unidos ponen de relieve las graves carencias en materia de formación económica de la población en general. ^[2] Similarmente, los estudios de la OCDE en el marco de su Proyecto de Educación Financiera apuntan que las deficiencias identificadas en Estados Unidos también se observan en otros países desarrollados. ^[3] Otros trabajos revelan que los individuos sobrevaloran sus conocimientos de conceptos como inflación, interés compuesto o diversificación del riesgo. ^[4]

Aun más preocupante es la poca familiarización de los encuestados con su situación financiera particular. Por ejemplo, un estudio reciente de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, basado en una encuesta a ochocientos hogares españoles, indica que un 15% de los encuestados desconoce qué ajuste de tipo de interés se aplica a su hipoteca y que un 44% sabe que su hipoteca es de tipo variable, pero subestima su importe. Este desconocimiento de los parámetros fundamentales que determinan el servicio de las hipotecas es sorprendente si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los datos de las encuestas a hogares, la parte de renta que población titular de deuda encuestada destina a este concepto es muy considerable (38%).

El nexo entre educación y endeudamiento también se observa en los datos relativos a los hogares españoles, los cuales muestran una ratio de apalancamiento mayor cuanto menor es el nivel de estudios. ^[5] Del mismo modo, la parte de renta destinada al servicio de la deuda es mucho mayor en los hogares con menor nivel educativo.

En síntesis, el estudio pone de relieve un problema muy serio. Si no se realizan esfuerzos por mejorar la cultura económica de la población, es probable que las familias sigan comportándose de forma miope y subestimando considerablemente la magnitud de los riesgos a los que se enfrentan, particularmente en el caso de la financiación de las situaciones de retiro.

Puesto que las actuales reformas de las pensiones públicas están dirigidas a trasladar progresivamente una parte del riesgo de longevidad a los hogares, cabe esperar un aumento sustancial del volumen de activos gestionados por el sector del ahorro para la jubilación durante las próximas décadas. Paralelamente, se ha producido un desplazamiento desde planes de prestación definida hacia planes de aportación definida, como reflejo de la financiación insuficiente de los primeros. Esta tendencia implica que las decisiones de los inversores institucionales en lo que respecta a las características de las carteras tenderán a alinearse cada vez más con las preferencias individuales. Por ejemplo, debido al aumento de la población cercana a la jubilación, las carteras de los planes de aportación definida se compondrán cada vez más de activos de menor riesgo.

Las normas por las que se rige el sector del ahorro para la jubilación son otro factor importante que influye en las decisiones relativas a la asignación de carteras. Tradicionalmente, las normativas sobre pensiones solían centrarse en los derechos de los pensionistas y de los empleados más que en la gestión del riesgo, y establecían reglas de financiación mínima, restricciones sobre ciertos tipos de inversión y principios de prudencia. Actualmente, las recientes reformas normativas (y contables) han puesto más énfasis en la gestión del riesgo y exigen a los administradores de los fondos de inversión mayor atención a consideraciones activo-pasivo, buscando la coherencia de plazos y riesgos.

Como resultado, administradores de fondos de pensiones y analistas del mercado plantean la necesidad de una mayor oferta de ciertos instrumentos para cubrir adecuadamente los riesgos de tipo de interés, de inflación y de longevidad. Debido a la naturaleza a largo plazo de los pasivos por pensiones, protegerse frente al riesgo de tipos de interés requiere alargar la duración de los activos. Se estima que la oferta actual de instrumentos a largo plazo e indiciados — esto es, de cobertura frente a la inflación— es muy inferior a la demanda potencial, aunque las previsiones de demanda para los próximos años varían considerablemente y dependen de los supuestos de referencia.

La innovación financiera podría contribuir a paliar estas carencias, ya que los fondos de pensiones permitirían transferir los riesgos de tipo de interés e inflación a otros participantes en el mercado. En cambio, protegerse frente al riesgo de longevidad resulta mucho más complejo, debido a que no existen entidades de contrapartida naturales. Los profesionales del sector del seguro consideran que, en el momento actual, es imposible prever adecuadamente el aumento de la longevidad en los próximos años y, por tanto, no pueden valorar con precisión el riesgo que ello supone. Esto significa que los participantes en el mercado que desean protegerse frente al riesgo de longevidad (proveedores de fondos de pensiones y de seguros de rentas) tienen dificultades para encontrar contrapartidas dispuestas a asumir dicho riesgo. Los proveedores de asistencia sanitaria y cuidados de larga duración y las empresas farmacéuticas especializadas en productos para personas mayores suelen considerarse contrapartidas naturales ya que el incremento de la longevidad les beneficiaría. Sin embargo, el tamaño de estos sectores parece demasiado pequeño para satisfacer la demanda prevista.

Los responsables de las políticas deben estudiar cómo impulsar el desarrollo del mercado a fin de que se puedan compartir y trasladar los riesgos de tipos de interés, inflación y longevidad. En el estudio se recuerda la opinión del G-10 de que los gobiernos deben promover la emisión de activos vinculados a la inflación y de larga duración. ^[6] En los últimos años, algunos países han emitido deuda pública con vencimientos muy largos (cincuenta años) para satisfacer una demanda creciente. Sin embargo, el desarrollo de un mercado de bonos de longevidad o mortalidad puede resultar más complejo debido a la dificultad de encontrar emisores de dichos instrumentos.

Por último, en el estudio se incluyen recomendaciones sobre la forma en que los mercados financieros pueden ofrecer instrumentos que permitan a las personas gestionar la incertidumbre que rodea a la longevidad. El volumen de riesgo que soporta cada hogar depende del diseño de los sistemas de pensiones. Los hogares que no dependen, o dependen sólo parcialmente, de los sistemas públicos de pensiones —con prestaciones definidas— se exponen claramente al riesgo de longevidad.

La opción natural que las familias eligen para cubrirse frente al riesgo de longevidad son los seguros de rentas, un producto financiero concebido hace siglos. Como sabrán, un seguro de rentas consiste en un contrato financiero que transforma el ahorro a largo plazo en un flujo vitalicio de renta posterior a la jubilación. En teoría, los seguros de rentas son el producto ideal para financiar la jubilación. De hecho, los sistemas públicos de pensiones son seguros de rentas implícitos. Sin embargo, en la práctica, estos seguros privados no están tan extendidos como cabría esperar. Éste es, sin duda, el caso de España. En general, los mercados de seguros de rentas para particulares están poco desarrollados, o, al menos, se utilizan poco. En muchos países, este mercado presenta una elevada concentración y el número de participantes ha disminuido durante los últimos años. ^[7]

Aunque esto podría deberse a distintas causas — desincentivos fiscales, motivos de herencia, posible selección adversa y falta de comprensión por parte de los inversores—, también existe la posibilidad de que los mercados de seguros de rentas, al menos en algunos países, estén siendo desplazados por las prestaciones que ofrecen los sistemas públicos de pensiones. Por tanto, en países en los que las prestaciones se han reducido como consecuencia de la reforma de los sistemas de seguridad social, la demanda de este tipo de instrumentos podría incrementarse dando lugar a un aumento de la oferta.

Sin embargo, en el mercado existen otros productos que podrían resultar más adecuados para los particulares. Uno de los principales problemas de los seguros de rentas es que sólo resultan convenientes para quienes disponen de gran cantidad de efectivo y pueden adquirir una renta significativa. En realidad, los hogares suelen acumular riqueza en formas distintas del efectivo. En algunos países, un parte considerable se invierte en bienes inmuebles, caracterizados por su escasa liquidez.

«Extraer» esta riqueza y traspasarla a un seguro de rentas podría constituir una importante fuente de ingresos para los jubilados. Las hipotecas inversas son instrumentos financieros que permiten a los jubilados disfrutar del valor de su vivienda sin tener que abandonarla. En la práctica, reciben un pago mensual de una entidad de crédito que obtiene la propiedad de la vivienda. Aunque estos acuerdos existen desde hace décadas, todavía son poco frecuentes en la mayoría de países, lo que podría deberse – aparte de razones idiosincráticas - a la percepción de que los costes de las hipotecas inversas siguen siendo relativamente elevados. Por ello, deben aplicarse políticas que eliminen los obstáculos al desarrollo de los mercados de dichas hipotecas a través de la eliminación de desincentivos de carácter fiscal o normativo que hacen dificultan el acceso a estos productos.